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Editorial 4 – mayo 2024

Sobre el Monotributo y las injusticias

Por estos días se está discutiendo junto a la Ley de Bases y Puntos de Partida, la Ley sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que incluye modificaciones significativas que afectan a casi todos los contribuyentes. Vamos aprovechar la excusa para profundizar en el universo de los Monotributistas, y analizar cómo es la situación de quienes lo integran, la puerta de entrada al mundo de los impuestos. Una idea simple y para pocos, que se tornó compleja y para muchos.

Un poco de historia

El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes surgió en 1998 (a partir de la sanción de la Ley 24.977) con una doble función, por un lado, insertar al circuito formal a una gran masa de pequeños contribuyentes excluidos (comercios chicos, profesionales, trabajadores independientes o microemprendedores) que prestaban servicios o vendían bienes de manera autónoma, y al mismo tiempo crear una fuente de financiación para el Estado. No fue un invento argentino, en Brasil por ejemplo, ya existía Simples federal desde 1996 con un esquema parecido que buscaba la inclusión social.

La propuesta consistía en un régimen para que los contribuyentes más chicos aportaran de forma fácil, que fuera de iniciación en el sistema tributario y al mismo tiempo de transición hasta pasar a una instancia superior una vez que crecieran. Como si fuera el primer peldaño de una escalera. La idea conceptualmente era buena. Simple, que cualquier persona lo entendiera, práctico de instrumentar y de sencilla recaudación. Era cuestión de seguir perfeccionando el régimen con modificaciones para potenciarlo, cosa que no ocurrió. La falta de adecuación a tiempo, el contexto económico y especialmente la inflación lo distorsionaron, y así llegamos hasta hoy. Veintiséis años después nos encontramos con una tabla con valores que se ajustaron poco y mal, montos de pago que representan muy poco para la recaudación (teniendo en cuenta la cantidad) y un sistema que esconde desigualdades con respecto a otros contribuyentes. En definitiva, no terminó siendo un régimen de transición sino uno para quedarse, pero no nos adelantemos.

La idea original fue la misma que se sostiene hasta hoy: quienes se adhirieran pagarían una porción de Impuestos (compuesto por Ganancias e Iva) y un componente previsional (de Jubilación y Obra Social) en una sola cuota de acuerdo a una escala. Las provincias, que recaudan Ingresos Brutos, adecuaron sus sistemas y también tendieron a simplificar y unificar su cobro. Al principio fueron ocho categorías con parámetros que prácticamente se mantienen hoy (Ingresos brutos, superficie afectada a la actividad, energía consumida anualmente, y precio unitario de venta). La categoría inferior podía facturar hasta 12 mil pesos anuales y la última (la VII) hasta 144 mil que eran valores en dólares, en épocas del 1 a 1. Hoy, la máxima de servicios permite facturar hasta 11,9 millones de pesos lo que equivale a 12 mil dólares. Esta es una de las deformaciones del sistema.

En los primeros años se adhirieron más de 600 mil contribuyentes, hoy son más de 3 millones (entre puros, mixtos, adherentes y monotributos sociales). Los primeros son los independientes que pagan la cuota completa, están también quienes se encuentran en relación de dependencia (o jubilados y pensionados) que sólo pagan el componente impositivo, los que incluyen a sus familiares y además los monotributistas sociales que surgieron en 2007, en una de las tantas reformas del régimen, que consiste en un subsidio del 100% de la porción impositiva y del 50% del contenido previsional. Y acá me quiero detener. El aporte se fue desactualizando en el tiempo como ocurrió con el resto de la tabla produciendo que disminuyera la recaudación del Estado (del componente impositivo) y que se modifique, para mal, la situación de los sistemas de obras sociales y jubilación.

Inequidades

Un empleado en relación de dependencia aporta el 3% de su salario a la obra social, a través de retenciones que le practica su empleador que contribuye con un 6% adicional. Ese pago va a la obra social del gremio de la actividad de la empresa. Haga la cuenta de cuánto sería. Los monotributistas en cambio, eligen las obras sociales sindicales cuando se adhieren al sistema. Ese aporte obligatorio, hoy, en Mayo de 2024 es de $6.457 mensuales. Comparativamente con los asalariados es una cifra irrisoria y también alejada de cualquier costo actual de las prestaciones de salud. Está distorsión produce que, en la práctica, aunque deben, las obras sociales no quieran recibirlos por lo bajo del aporte, y como consecuencia el acceso a la salud sea cada vez más restringido.

Con la jubilación ocurre algo similar. Si uno compara el 11% que aportan al SIPA los empleados en relación de dependencia, o los $ 30.766 (el aporte más bajo de todas las categorías) que tienen que afrontar los “autónomos” todos los meses, los $ 4.623 que contribuyen en su cuota los monotributistas resultan desiguales, y todo va a parar al mismo sistema previsional.

Régimen General versus Simplificado

Quienes se encuentran inscriptos en el Régimen General, además de Autónomos tienen que presentar y pagar IVA mensualmente y Ganancias anualmente (y contratar aparte su Obra Social). El IVA para quienes comercializan con responsables inscriptos se traslada y se ingresa al estado la diferencia entre el impuesto cobrado en las ventas y el pagado en las compras/gastos. Lo sufren quienes operan con consumidores finales porque no pueden trasladar esa parte de su costo. Esa es una diferencia pero otra aún mayor radica en el Impuesto a las Ganancias. Los autónomos pagan sobre una tabla que va del 9 al 35% (la escala mayor se aplica a partir de $ 6.708.063) y si bien pueden deducir un mínimo imponible, la presión impositiva es significativamente mayor. Un profesional que factura por su servicio 12 millones de pesos anuales (un millón mensual) supongamos que deduce 2 millones (quienes prestan servicios no suelen tener tantos gastos deducibles por su actividad). Sobre los 10 millones resultantes deberá pagar por encima de 2,5 millones. Si uno mira en cambio, la realidad de un Monotributista que presta servicios y está cerca del límite anual del régimen (11,9 millones) ingresa al sistema anualmente de impuestos (IVA y Ganancias) apenas más de 500 mil.

La conclusión es la misma en los impuestos que en la obra social y la jubilación: o unos aportan mucho o los otros aportan poco, elija usted amiga lectora o amigo lector. Mientras conviven las diferencias, la gente también elige y por eso se producen distorsiones en las que contribuyentes que son más grandes se refugian en el Monotributo porque prefieren pagar menos, lo que da lugar a lo que en el mundo de los impuestos se conoce como “enanismo fiscal”. Los empleadores perfeccionan relaciones de dependencia encubiertas a través del Monotributo para evitar mayores costos laborales (el Estado en sus diferentes niveles también suele contratar de esta forma). El Régimen Simplificado que nació como una buena idea se convirtió en un refugio de fraude y evasión.

El nuevo proyecto que a esta altura tiene media sanción en Diputados, modifica las escalas, los parámetros y fija un criterio de actualización permanente. Aleja el techo hasta 68 millones anuales de facturación (y eleva proporcionalmente las cuotas que se pagan) con lo cual mejora las condiciones de los que están y podría permitirles volver a quienes recientemente se hayan ido. Apenas modifica lo que existe. El sistema impositivo argentino requiere una revisión y reforma integral para que cada cual pague lo que le corresponda de acuerdo a su capacidad contributiva evitando de esta forma inequidades e injusticias.

 

Nos vemos en la próxima…

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