Si una empresa contrata a un trabajador que cobra un plan social, el Estado se hace cargo de $ 4400 por mes y de alrededor de $50.000 al año, durante un período de 24 meses.
Los empresarios todavía no se «enganchan» con el Plan Empalme, que salió por decreto en mayo de este año. Por eso, el Ministerio de Trabajo vuelve a poner el acento en un proyecto que estimula la inserción laboral formal en el ámbito privado de quienes tienen menos oportunidades y que están dentro de alguno de los planes de empleo con subsidio de la cartera laboral o del Ministerio de Desarrollo Social.
Hasta ahora, hay 710.000 personas consideradas «empalmables», un término propio del ministerio que dirige Jorge Triaca, que se refiere a quienes están en condiciones de ingresar a una compañía. Según datos oficiales, hay 6800 personas que ya están trabajando bajo esta modalidad de «empalme» y 17.000 en vías de hacerlo, pero el Gobierno espera más acciones concretas por parte de los empresarios en este sentido.
El beneficio económico para las empresas es de un 30% del salario, aproximadamente, para un ingreso de 15.000 pesos, ya que durante dos años el Estado seguirá pagando el monto del plan y la empresa agregará el resto, para completar el salario según el convenio correspondiente.
«Quisiéramos ver que la inversión social que se está haciendo en aquellos que quieren trabajar pueda apalancar su integración en el mundo laboral», dice a LA NACION Miguel Ponte, secretario de Empleo a nivel nacional. «Esto significa que la empresa toma a cuenta el salario que se está pagando en planes sociales, que es un valor fijado en la ley de Emergencia Social, es decir, la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que hoy equivale a 4430 pesos», explica.
Para Ponte, esta acción va más allá del beneficio económico. «Se trata de llevarla a un marco de responsabilidad social. Son personas valiosas que necesitan una ayuda para entrar en el mercado laboral formal», dice.
Del lado del empleador, «el empresario necesita tener más conocimiento y vinculación con el plan en sí», dice Daniel Funes de Rioja, vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). «Hoy, las empresas tienen un 65% de su capacidad instalada, por lo que si el país crece, van a necesitar personal. Pero las pymes (que proporcionan un 70% del empleo formal en el país), sobre todo, tienen un estilo de reclutamiento que se hace a través del conocimiento, de persona a persona. Por eso habría que allanar el camino a través de un diálogo público privado, para conocer mejor a los candidatos y sus habilidades».
En este sentido, se trabaja en un acercamiento entre candidatos y empresas a través de una página web para postulantes y postulaciones.
Los miedos
Uno de los temores que tienen quienes perciben un plan social es perderlo si toman un trabajo en relación de dependencia, y después perder ese trabajo registrado. En definitiva, quedarse sin nada. Para evitar estos miedos, si la relación laboral termina antes de los dos años el trabajador puede quedarse con el programa en el que estaba. Después de los dos años, se supone que ya está afianzado en su trabajo y tiene, además, una buena experiencia laboral.
Para eliminar otros temores, sobre todo de gremios, Ponte aclara que no existe la posibilidad de que las empresas despidan a un trabajador con antigüedad para tomar a otro con un sueldo menor. «Las empresas que contraten a estas personas como personal a tiempo indefinido deben emplear más trabajadores que los que tenían en diciembre de 2016», afirma.
«Por supuesto, la empresa no puede estar en el Registro de Sanciones Laborales (Repsal) y debe brindar un contrato por tiempo indeterminado, no temporal», agrega. En contrataciones en el sector agrario y de la construcción, es válido que se los tome por el primer ciclo, algo valioso para la persona que adquiere así la necesaria experiencia laboral.
Por otro lado, las empresas que fueron creadas a partir del 31 de diciembre de 2016 pueden contratar hasta un 10% de trabajadores de estos programas.
Las cuentas, en rojo
Algunos números indican que con un 30,3% de la población bajo la línea de pobreza, según los últimos datos del Indec del segundo semestre de 2016, el enorme desafío es no sólo el empleo sino la empleabilidad. La mitad de los jóvenes en la Argentina no termina la secundaria.
Otros datos a tener en cuenta son la cantidad de pensiones no contributivas que, además de las 5.237.439 jubilaciones, hacen que la cantidad de asignaciones llegue a 1.074.127 por casos de invalidez; 311.964 para madres de 7 hijos o más y 22.219 para ex combatientes de Malvinas, entre otras. Llegan a un total de 1.494.108 personas que reciben un subsidio del Estado sin contar otros, como la necesaria AUH. Por otro lado, los trabajadores registrados en el sector formal son sólo 6.186.000 y en el sector público son 3.500.000, sobre un total de 11.703.641 aportantes al sistema de seguridad social. Como conclusión, se necesitan más asalariados en el sector privado registrado para hacer frente a la cantidad de asignaciones de personas con necesidades a cubrir.
Los datos del Ministerio de Trabajo proporcionados por Ponte exponen que hay 9 millones de CUIL (código con el que Anses identifica a los trabajadores en relación de dependencia). Pero existe una cierta movilidad en la mano de obra, especialmente en los puestos de menor perfil, por lo que hay 3 millones de CUIL, que entran y salen del mercado. Dentro de ellos, hay 1.300.000 de puestos considerados «empalmables», de baja calificación.
En este momento se trabaja sobre los 710.000 planes sociales vinculados con el empleo (entre ellos, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, del Ministerio de Desarrollo Social, y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Ministerio de Trabajo). Pueden ser más, ya que las provincias y municipios no terminan de informar cuántos planes están a su cargo.
Aunque los planes conforman una ayuda, no cubren con un ingreso máximo de 4400 pesos por mes (hay planes por $ 1600), las necesidades básicas de quienes los tienen. Pero si logran un empleo formal, la remuneración promedio según, el Ministerio de Trabajo, puede llegar a $ 27.938 (datos de junio de este año). Un abismo entre un ingreso y otro y un cambio de vida en cuanto a previsibilidad para quienes logran este salto a la formalidad. Y con el Empalme, los subsidios se unifican en los $4400.
Además, una novedad es que hay personas con planes que entraron al sector privado justo antes de la firma del decreto304/2017. Ellos también se van a considerar dentro del Plan Empalme. Y otra, que se está estudiando, es que dentro del Programa de Entrenamiento para el Trabajo, haya un período de práctica de dos o tres meses que no establece una relación laboral.
Claves del Empalme
Lo que hay que saber
Beneficio para el empleador: Si toma a una persona que cobra programas de empleo del Ministerio de Trabajo o de Desarrollo, que tienen un subsidio, el Estado se hará cargo por mes de $ 4400 (la mitad del salario mínimo) por dos años
El trabajador: Logrará insertarse en un empleo privado formal y cobrar por lo menos el salario de convenio, de alrededor de $ 15.000, dependiendo de la actividad
Si no funciona: Antes de los dos años, el trabajador se queda con su plan
Fuente: La Nación
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