Se ratifican en su mayoría ajustes realizados por la AFIP-DGI.
Un simple relevamiento por las causas en torno de la utilización de facturas apócrifas, más conocidas como “facturas truchas”, revelan que se consolida la tendencia a confirmar los ajustes fiscales.
Las nuevas sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), ya integrado casi en su totalidad, también participan de esa tendencia. Es más, en las instancias posteriores al TFN la confirmación de los criterios aplicados por éste en cuanto a ratificar los ajustes realizados por AFIP en materia de facturación apócrifa, ronda el 90%.
A manera de ejemplo y más allá de los conocidos fallos de la Corte Suprema, en el Tribunal Fiscal en el último año se pueden mencionar entre otras las siguientes sentencias: “Nabla S.A.” del 5/2/2019 de la Sala A; “Codesfil SRL” del 30/8/2018 y “Flores, Myriam Graciela” del 18/2/2019, ambos de la Sala B; “Villarreal, Luis Andrés” del 27/12/2018 de la Sala C y “Noble Argentina S.A.” del 15/2/2019 de la Sala D.
Ante la posibilidad cierta de nuevos planes de facilidades de pago por parte de la administración tributaria, que no constituyen moratoria con condonación de sanciones sino plazo y flexibilidad de cancelación, este dato estadístico puede servir para que los sujetos en litigio por “facturas truchas” puedan evaluar la eventualidad de una adhesión a esos planes, lo que quedará sujeto en gran medida a los efectos ulteriores de desistir de un juicio, pues pueden llegar hasta la denuncia en términos del Régimen Penal Tributario.
Desde ya que las cuestiones referidas a la facturación apócrifa resulta muy casuística y por ende la solución de la controversia dependerá de la prueba que el contribuyente pueda rendir antes los estrados del Tribunal Fiscal o de la Justicia federal. No obstante, resulta relevante advertir el contexto y la directriz que están marcando estos litigios.
El administrador federal de la AFIP, Leandro Cuccioli, en el almuerzo realizado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA destacó que la cartera de deudores del organismo ronda los $300.000 millones y de ese monto, aproximadamente unos $80.000 millones se encuentran en discusión en el Tribunal Fiscal.